domingo, 1 de noviembre de 2009

ARGENTINA 1969-1979 (5)

Vayamos concluyendo.

Los hechos:

- Tras el asesinato del secretario general de la CGT y de la Unión Obrera Metalúrgica, Ignacio Rucci (25.09.1973), ordenado por la Conducción Nacional de Montoneros, el Presidente Perón puso al Movimiento Peronista en pie de guerra contra la subversión armada en general, y contra la infiltración de los montoneros en el Movimiento. En el documento, que poco después se hizo público, ordenó a todos los militantes políticos y sindicales que colaboraran activamente con las fuerzas de seguridad y dispuso que el Movimiento se dotara de un servicio de información. Acto seguido, nombró al comisario Alberto Villar subjefe de la Policía Federal, y tras la entrada en escena de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) le nombró jefe de la fuerza.

- Posteriormente, a consecuencia del salvaje ataque llevado a cabo por el ERP contra la Guarnición del Ejército en Azul el 19.02.1974, llamó públicamente (a todo el pueblo argentino mediante mensaje radio-televisado, y a las Fuerzas Armadas mediante un radiograma), a "aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal... exterminar a estos psicópatas uno a uno"; y al día siguiente expulsó del Movimiento a los diputados de la Juventud Peronista montonera y les exigió que renunciaran como tales.

- El 6 de noviembre de 1974 el gobierno presidido por "Isabel" Perón decretó el Estado de Sitio, y el 5 de febrero de 1975 ordenó al Ejército mediante Decreto 261/75, iniciar el Operativo Independencia para "aniquilar la subversión (ERP) en la provincia de Tucumán".
Doce días después, el ERP respondió con un comunicado: "Estamos desarrollando una guerra civil concentrando los principales recursos hacia la lucha militar, y encarando el enfrentamiento con criterio de aniquilamiento".

- El 6 de septiembre de 1975 ese gobierno decretó la ilegalización de Montoneros por el delito de Sedición, y el 6 de octubre, tras el sangriento ataque de Montoneros a un cuartel en Formosa el día anterior, el presidente interino del gobierno -por licencia médica de la presidenta- y presidente del Senado, Italo Argentino Luder, firmó los decretos 2770, 2771 y 2772 creando el Consejo de Seguridad Interior integrado por el presidente y los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que se encargaría de "aniquilar la subversión en todo el territorio nacional".

El 23 de diciembre de 1975 el ERP llevó a cabo su séptimo y más espectacular ataque a unidades del Ejército, lanzando 130 combatientes contra el Batallón de Arsenales 601º en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires. Una ambiciosa operación que en total movilizó entre 230 y 250 efectivos. El ataque acabó en un desastre de tales proporciones que supuso el fin del ERP.

Pero la subversión continuaba activa, aunque ya no con operaciones paramilitares sino mediante una oleada de atentados terroristas con explosivos:

El 17 de febrero de 1976 el gobierno decretó restringir el derecho de Habeas Corpus y de expatriación, bajo el Estado de Sitio.

El 12 de marzo el ¡Partido Comunista! propuso públicamente que se formara un gobierno cívico-militar, y todos los partidos pedían lo mismo... en el Congreso.

El 15 de marzo el Ministro del Interior informó que había 1.500 subversivos encarcelados a disposición del Poder Ejecutivo.

El 19 de marzo el gobierno anunció que enviaría al Congreso un nuevo proyecto de ley que incluiría la pena de muerte por imposición del Código Militar.

- Posteriormente, a partir del golpe de Estado del 24.03.1976, las Fuerzas Armadas, continuando las operaciones ordenadas por esos decretos del anterior Poder Ejecutivo, procedieron a capturar y ejecutar sumariamente a unos 6.000 o 7.000 terroristas. Probablemente, nunca se sabrá la cifra exacta, pero el Ministerio de Justicia del gobierno presidido por Néstor Kirchner computó para el pago de indemnizaciones a sus familiares, 5.992 casos debidamente acreditados.
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La represión contraterrorista ("monstruosa por ser de Estado", alegan las izquierdas para minimizar su terrorismo contra el Estado), comenzó después de siete años de una guerra revolucionaria en la que las izquierdas armadas asesinaron o dieron muerte en combate a 157 jefes, oficiales, suboficiales y soldados de las FF.AA. De la Policía Federal murieron 123 oficiales, suboficiales y agentes. De la Policía de la Provincia de Buenos Aires un total de 194 efectivos. El resto de Policías provinciales y Gendarmería tuvieron 134 muertos. Lo cual arroja una cifra de 608 efectivos militares y policiales muertos. Los civiles asesinados en atentados fueron 208 (sindicalistas, empresarios, etc.) incluidos 4 niños, y 3 esposas de militares. Un total, pues, de 816 argentinos muertos a manos de los terroristas. Las cifras de bajas militares y policiales se dan prácticamente por definitivas; no así las de los civiles, pues resultan más difíciles de computar al no existir canales para centralizar la recogida de datos.

El Estado burgués-capitalista que la izquierda amenazó destruir para implantar un Estado obrero-socialista bajo una dictadura de Partido único (resumido en la consigna "la Patria Socialista"), respondió a la guerra sucia terrorista con su guerra sucia contraterrorista. Porque el terror lo ejercieron unos y otros. Pero unos primero, y contra el Estado y la población civil; dato esencial para cualquier análisis.

Las ejecuciones de prisioneros cometidas por el contraterrorismo militar en el marco de la guerra, no legitiman ni disminuyen el horror de los asesinatos cometidos por el terrorismo civil. Y quienes al grito de ¡Patria o Muerte! y ¡Perón o Muerte! iniciaron la guerra revolucionaria desde organizaciones paramilitares llamadas "ejército revolucionario" y "fuerzas armadas", no podían esperar clemencia si eran capturados por las Fuerzas Armadas del Estado. Lo sabían, conocían las reglas de la guerra.

Y debe señalarse que en aquella guerra entre aparatos, el pueblo fue un simple espectador. La experimentada clase obrera argentina no secundó a los terroristas de clase media que aspiraban a ser su vanguardia armada. Y, ya en democracia, siguieron votando a la "derecha" peronista en elecciones presidenciales, provinciales, municipales y sindicales.

Una última cuestión. En nuestra conversación anterior a la entrevista, usted criticó a los familiares de desaparecidos que esconden su pasado terrorista.

En treinta años, los familiares no han asumido la evidencia de que sus seres queridos optaron por conquistar el poder mediante la guerra revolucionaria contra las FF.AA. y policiales. Y contra sindicalistas peronistas ortodoxos, empresarios, ejecutivos de multinacionales, católicos, periodistas, abogados, intelectuales y políticos de derechas. "Enemigos de la clase obrera merecedores de la justicia popular" que ellos aplicarían en nombre de la Historia. Desde esa omnipotencia enloquecida alentada por el "Che", se convirtieron en ángeles exterminadores y desataron la segunda guerra civil de la historia argentina.

En cuanto a "víctimas inocentes", sólo lo fueron aquellas personas no vinculadas a las organizaciones armadas y que por diversas razones quedaron atrapadas en la telaraña de la lucha contraterrorista.
Pero los miembros de esas organizaciones no fueron "víctimas", sino soldados voluntarios de un ejército que resultó derrotado en una guerra por ellos iniciada.

Y no existieron dos clases de militantes. Quien ingresa en una organización "político-militar" es un terrorista, cualquiera sea la tarea o "frente de lucha" que le asignen. La militancia era polivalente o intercambiable: según las necesidades, el "activista sindical" podía pasar a ser un "combatiente" y viceversa. Por citar un ejemplo entre miles, de esta "doble vida" entre lo "político-legal" y lo "militar-clandestino", recordemos el caso ya mencionado de Claudia Falcone; o de los "periodistas" Horacio Verbitsky y Raul Walsh, los "poetas" Juan Gelman y Francisco Urondo, etc.

Por lo tanto, no es admisible que un familiar sostenga -con astucia y mala fe- que su hija desaparecida no era terrorista montonera sino... "militante de la JP que alfabetizaba a los niños de las villas". Si se aceptara tal irracional argumento, los miembros de las voluntarias SS que personalmente no introdujeron judíos en la cámara de gas porque estaban de guardia en el exterior de los campos o en tareas de intendencia, no tendrían responsabilidad alguna en el Holocausto organizado y ejecutado por su organización.

El discurso negacionista y victimista que ya ha intoxicado a varias generaciones de jóvenes argentinos sumiéndoles en una ignorancia histórica que tendrá gravísimas consecuencias socioculturales para el futuro, debe ser políticamente refutado, y moralmente repudiado.

Quisiera terminar proponiendo una reflexión:

Toda aquella tragedia de miles de jóvenes que se asignaron el derecho a matar para imponer un régimen revolucionario sin apoyo popular, y murieron por no evaluar las relaciones de fuerza y la viabilidad entre su Deseo ideológico y la Realidad política, podríamos resumirla con un principio jurídico y político del redactor de la Constitución fundacional del Estado-nación argentino, el gran Juan Bautista Alberdi.

"Sólo el pueblo es legítimo revolucionario: lo que el pueblo no pide, no es necesario. Preguntad al pueblo, a las masas, si quieren revolución. Os dirán que si la quisiesen, la habrían hecho ya".
Fragmento preliminar al estudio del Derecho.
Tesis doctoral. 1837

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