sábado, 24 de marzo de 2012

Carta a los Presos Políticos Argentinos



36º Aniversario del 24 de marzo de 1976

-Carta publicada el 24.03.2011, actualizada para el Aniversario 2012-


Jorge Fernández Zicavo

A los miembros de las Fuerzas Armadas, de Policía y Seguridad que derrotaron al terrorismo marxista:

La idea de escribirles esta carta digital, surgió mientras miraba la fotografía del teniente general Jorge Rafael Videla y del general de división Luciano Benjamín Menéndez tomada en la sala del tribunal que el 22 de diciembre de 2010, en Córdoba, les condenó a cadena perpetua. La contemplé detenidamente, impresionado por el pathos de sus miradas; de unos rostros marcados por el estupor, amargura e impotencia ante una venganza disfrazada de justicia.

Estupor ante la victoria política conseguida por la subversión marxista tres décadas después de haber sido aniquilada por orden de un Gobierno constitucional. Amargura e impotencia ante una condena emitida por jueces que prestigiosos juristas y asociaciones de abogados han calificado públicamente como prevaricadores. El abogado defensor del general Videla, en un gesto de dignidad personal y profesional que le honra, presentó su renuncia tras la sentencia para no participar en la farsa de "tribunales que emiten sentencias condenatorias decididas de antemano, y que vulneran principios inalterables del derecho constitucional como el de cosa juzgada, el de legalidad y el de irretroactividad de la ley penal".
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Por haber vivido aquella década del setenta, y desde entonces dedicar incontables horas a documentarme en hemerotecas, archivos y ensayos históricos, creo estar en condiciones de exponer a los posibles lectores que sólo conozcan la historia de la década ‘70 elaborada por la izquierda (como introducción a esta carta dirigida a ustedes por ser los protagonistas emblemáticos de la guerra contraterrorista del Estado), una síntesis histórica rigurosamente subordinada a lo fáctico: a hechos y datos acreditados y fácilmente verificables que el relato izquierdista no ha mencionado, ni jamás lo hará, porque demolerían su estructura.
Una estructura narrativa diseñada para ocultar, mediante falsos y abstractos conceptos de propaganda como imperialismo, liberación nacional, legítima "violencia popular", jóvenes idealistas, etc., los 816 homicidios cometidos por las organizaciones terroristas contra la población civil y efectivos de las fuerzas del Estado durante su guerra revolucionaria. Además de otras acciones criminales que citaré más abajo.

Los hechos y datos que considero imprescindibles para entender lo sucedido en aquellos años, son:

1-

El 31 de julio de 1967 se inauguró en La Habana la Conferencia de la OLAS: organización latinoamericana de solidaridad. Allí, tras diez días de sesiones, las izquierdas latinoamericanas acordaron en su Declaración Final, leída durante la sesión de clausura presidida por Fidel Castro, iniciar la lucha armada en sus países siguiendo la consigna formulada por el 'Che', entonces en Bolivia, de crear "uno, dos, o tres Vietnam" en el mundo: varios frentes de guerra contra el imperialismo yankee.
En el ámbito extraoficial de la Conferencia se decidió fundar un gran ELN (Ejército de Liberación Nacional) coordinado por una Junta (JCR) y dividido en Sectores. A la numerosa delegación argentina (180), se le asignaron tres. Cuba aportaría entrenamiento militar y cursos de Seguridad e Inteligencia.

Tal como ya había hecho con dos focos guerrilleros argentinos entre 1959 y 1964:
Uturuncos en Tucumán y Santiago del Estero (ambos coordinados por el peronista-marxista John William Cooke); y el Ejército Guerrillero del Pueblo, que tras organizarse en Bolivia se estableció en Salta en 1963.
Este EGP fue fundado por el "Che" Guevara y el Departamento América (Inteligencia) del PC cubano, aunque en su primera fase estuvo comandado por el argentino Jorge Ricardo Masetti hasta que se incorporara el "Che". Masetti dirigía la agencia de noticias Prensa Latina fundada en junio de 1959 junto con Rodolfo Walsh. Ambos, y Cooke, residían en La Habana.
En Salta, junto con los guerrilleros argentinos hubo dos oficiales cubanos que habían sido custodios de Guevara en la Sierra Maestra y mientras fue presidente del Banco Nacional y ministro de Industria, uno de los cuales, el capitán Horacio Peña Torres, alias "Hermes" (jefe de esa custodia e instructor militar del EGP), murió en Orán, Salta, en abril de 1964 en combate con tropas de la VII Agrupación de la Gendarmería Nacional. También murió allí el cabo Juan Adolfo Romero, primera baja mortal de todas las fuerzas del Estado a manos de la subversión castro-guevarista.

2-

Entre abril de 1969 y noviembre de 1979, organizaciones armadas argentinas de ideología marxista (incluidas las FAP, FAR y Montoneros que se camuflaron como peronistas), mantuvieron una guerra revolucionaria contra el Estado para tomar el poder y proclamar una República Socialista con régimen dictatorial de partido único: la dictadura del proletariado, que para no alarmar con términos marxistas a un pueblo mayoritariamente peronista, llamaban Poder Obrero y Popular en una "Patria Socialista".

3-

La guerra revolucionaria se llevó a cabo tanto contra gobiernos de facto como constitucionales, pues el enemigo era el "sistema capitalista y su democracia... burguesa". En los casos anteriores, operaron durante los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia.
Durante casi once años, (03.04.69 a 12.11.79), el accionar subversivo de grupos armados irregulares cometió ataques contra la población civil y el Estado tipificados como Crímenes de Lesa Humanidad por el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional) y como Crímenes de Guerra por la IV Convención de Ginebra: secuestros de personas y aeronaves, cárceles clandestinas, tribunales revolucionarios que dictaban sentencias de muerte, asesinatos de dirigentes gremiales, empresarios y políticos; homicidios con atentados explosivos en calles y edificios de viviendas, etc. Más ocupaciones armadas de poblaciones (La Calera y Garin), creación de una zona liberada en Tucumán, y ataques y copamientos de varias comisarías de policía y ocho cuarteles del Ejército llevados a cabo por fuerzas paramilitares uniformadas y con armamento de guerra. Según los datos que disponemos, los terroristas asesinaron durante su guerra revolucionaria a 816 civiles, policías y militares.

4-

En la madrugada del 26 de mayo de 1973 el Gobierno peronista-montonero presidido por Héctor Cámpora sacó de las cárceles a 363 terroristas presos a Disposición del Poder Ejecutivo (154 de ellos con condena firme) procesados con todas las garantías jurídicas por la Cámara Federal en lo Penal creada por el Gobierno militar presidido por el general Lanusse. La impunidad que aquel Gobierno camporista de transición concedió a las bandas subversivas hizo posible que iniciaran un ambicioso programa de desarrollo logístico (fabricación de armas automáticas y explosivo exógeno: Montoneros), y de organización paramilitar (creación de Escuadras y Compañías de infantería: ERP -Ejército Revolucionario del Pueblo-).

5-

El 23 de septiembre de 1973 el Gobierno peronista presidido interinamente por el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Lastiri (tras la renuncia de Cámpora exigida por Perón), decretó la ilegalización del ERP por el delito de Sedición tipificado por el artículo 22º de la Constitución.

6-

El 20 de enero de 1974, tras la masacre perpetrada por el ERP en su ataque a la Guarnición del Ejército en Azul, el presidente Juan Domingo Perón leyó un Mensaje a la Nación manifestando que "aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana"; y el 21 envió un radiograma a "Todos los Comandos, Organismos y Unidades de las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina" afirmando que "la decisión de las grandes mayorías de hacer una revolución en paz, harán que el reducido números de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para el bien de la República". El 22 mantuvo una tensa reunión con los diputados montoneros Carlos Kunkel, Rodolfo Vittar, Roberto Vidaña, Anibal Iturrieta, Armando Croatto, Santiago Díaz Ortiz, Diego Muñiz Barreto, Jorge Glellel y Julio Mera Figueroa; quienes al día siguiente fueron expulsados del Movimiento y renunciaron a sus cargos en la Cámara.

7-

El 6 de noviembre de 1974 el Gobierno peronista presidido por la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón tras la muerte de su esposo, decretó el Estado de Sitio para "erradicar expresiones de una barbarie patológica que se ha desatado como forma de un plan terrorista aleve y criminal contra la Nación toda".

8-

El 5 de febrero de 1975, ante el despliegue de una guerrilla rural del ERP en la provincia de Tucumán para consolidar una zona liberada y pedir el reconocimiento internacional como bando beligerante de una guerra interna, el Gobierno peronista presidido por María Estela Martínez de Perón ordenó al Comando General del Ejército entrar en operaciones para aniquilar la subversión en dicha provincia: Operativo Independencia.

Doce días después el ERP respondió con una virtual declaración de guerra al Estado y a su Ejército: Estamos desarrollando una guerra civil concentrando los principales recursos hacia la lucha militar, y encarando el enfrentamiento con criterio de aniquilamiento.
El Combatiente, 17 de febrero de 1975

Anteriormente, tras la fundación del ERP en 1970, Santucho había declarado: La estrategia para tomar el poder en Argentina es una estrategia de guerra revolucionaria. El Ejército Revolucionario del Pueblo debe ser un ejército proletario conformado para operar en una guerra civil popular.
América Latina en Armas, Ediciones M. A., Buenos Aires, enero de 1971


9-

El 6 de septiembre de 1975 el Gobierno peronista presidido por María Estela Martínez de Perón decretó la ilegalización de Montoneros por el delito de Sedición. Demasiado tarde. Ya en 1973, durante el Gobierno constitucional de Cámpora, la Conducción Nacional había declarado: Nuestra estrategia sigue siendo la guerra integral.

10-

El 6 de octubre de 1975, ante la capacidad ofensiva alcanzada por las organizaciones terroristas (voladuras de aviones y buques militares, y la masacre de soldados conscriptos desarmados llevada a cabo por Montoneros en el Regimiento de Infantería de Monte 29º de Formosa), el Gobierno peronista presidido por María Estela Martínez de Perón ordenó a las Fuerzas Armadas aniquilar la subversión en todo el territorio nacional.

11-

El 23 de diciembre de 1975 el ERP llevó a cabo su séptimo y más espectacular ataque a unidades del Ejército, lanzando 130 combatientes contra el Batallón de Arsenales 601º en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires. Una ambiciosa operación que en total movilizó entre 230 y 250 efectivos del que sería su primer y último Batallón.

12-

El 17 de febrero de 1976 el Gobierno decretó restringir el derecho de Habeas Corpus y de expatriación bajo el Estado de Sitio.
El 12 de marzo el ¡Partido Comunista! pidió que se formara un Gobierno cívico-militar.
El 15 de marzo el Ministro del Interior informó que había 1.500 subversivos encarcelados a disposición del PEN.
El 19 de marzo el Gobierno anunció que enviaría al Congreso un nuevo proyecto de ley que incluiría la pena de muerte por imposición del Código Militar.
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A partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976, recibido con alivio por millones de ciudadanos y apoyado explícitamente por todos los partidos políticos, incluido el Radical y el Comunista, las Fuerzas Armadas prorrogaron el Estado de Sitio y continuaron con las operaciones de aniquilación dispuestas por el Decreto 2772/75 del Poder Ejecutivo anterior, hasta consolidar su victoria definitiva a finales de 1977.

13-

La contraofensiva militar y policial del Estado entre febrero de 1975 y finales del 77, dio muerte en combate y/o capturó y ejecutó, a 6.000 terroristas; cifra oficial computada por el Ministerio de Justicia entre 1995 y 2000, en base a la cual se concedieron indemnizaciones a sus familiares por un total de 1.500.000.000 de dólares. Recién en ¡2008! la CONADEP asumió como definitiva esa lista y la trasladó al Memorial de la Costanera; al que luego añadió más nombres provenientes de denuncias fraudulentas o no acreditadas de su primera lista de 1984.

14-

En consecuencia, las Juntas Militares que gobernaron de facto a partir del 24 de marzo de 1976, no cometieron un "genocidio de 30.000 civiles demócratas que se oponían a la dictadura", como sostiene la propaganda izquierdista, sino que dieron muerte en operaciones de guerra contrarrevolucionaria a 6.000 efectivos de fuerzas político-militares insurgentes alzadas en armas contra el Estado en el marco de una ofensiva revolucionaria continental alentada y apoyada por el Estado cubano.

Y, desde luego, su contraofensiva antiterrorista o guerra contrarrevolucionaria no puede considerarse Terrorismo de Estado, sino precisamente todo lo contrario: Contraterrorismo de Estado. Y legal: el Gobierno militar era ilegal, pero no su guerra contraterrorista. De lo contrario, el Estado bajo los anteriores gobiernos peronistas (CONADEP: 600 izquierdistas desaparecidos y 500 ejecutados entre el 25 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976), también habría sido un Estado terrorista. El silencio, entonces y ahora, de la izquierda argentina y de los organismos internacionales de derechos humanos respecto al status legal que tuvo la aniquilación de la subversión marxista, exime hacer más comentarios. Esta evidencia, y esta cifra de desaparecidos bajo un Gobierno constitucional, son astutamente silenciadas.

15-

Juicios a los... 'represores del terrorismo de Estado':

Los tribunales que están encarcelando a los militares y policías que aniquilaron a la subversión marxista encuadrada en grupos armados irregulares, son tribunales exclusivamente políticos, por cuanto aplican la prevaricadora Doctrina Righi que, alterando la letra y el sentido del Estatuto de Roma, ordenó a los fiscales procesar por crímenes de lesa humanidad a los miembros de las fuerzas del Estado, porque según él, cometieron 'ataques generalizados y sistemáticos contra la... población civil'. Una acusación sencillamente fantástica, delirante.
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Generales prisioneros en cárceles montoneras: veamos con realismo el balance histórico.

Las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad vencieron militarmente pero fueron derrotadas políticamente. Ganaron la guerra y perdieron la postguerra.

25 de mayo de 2003

24 de marzo de 2004 (Click para ampliar)

La izquierda marxista-leninista que, invirtiendo la célebre definición de Clausewitz concibe la política como la continuación de la guerra por otros medios, recompuso sus fuerzas, se reorganizó con una nueva estrategia política y de poder (gramsciana), y lanzó una ofensiva de propaganda y reescritura de la Historia cuyas consecuencias a estas alturas son irreversibles, pues ya hay dos generaciones de niños y adolescentes lobotomizados en las escuelas públicas y de adultos amnésicos y robotizados como los pueblos de los países comunistas. Un siniestro experimento de borrado y reprogramación mental de las masas inspirado en el modelo soviético que George Orwell reconstruyó en su novela 1984.

Gracias a este bombardeo educativo y mediático de la izquierda y sus 'orgas' de Derechos Humanos fundadas por terroristas homicidas para blanquear su pasado, la falsa y manipuladora historiografía marxista sobre la década del setenta ha sido interiorizada por una sociedad conformista, carente de sentido crítico-analítico y paralizada (como sus partidos políticos y su prensa) por el síndrome de la corrección política: tiranía de un discurso-matriz socialmente institucionalizado, que el semiólogo Roland Barthes estudió a fondo y denominó Discurso Tutor.

Hoy los terroristas supervivientes se han infiltrado nuevamente en el peronismo, de donde los expulsó Perón en 1974 tras desenmascararlos como impostores; y son ministros, secretarios de Estado, intendentes, embajadores, diputados, senadores, asesores ideológicos de la Presidencia, y directores generales de grandes empresas del Estado. Amén de controlar la enseñanza pública en sus tres niveles, los centros culturales, los organismos de derechos humanos, el terrorista movimiento piquetero, la televisión estatal, varias emisoras de radio, y haber domesticado a la prensa.
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Está fuera de discusión que el gran error político cometido por las Fuerzas Armadas fue derrocar el Gobierno de M. E. Martínez de Perón. Resulta imposible de creer que no pudiera encontrarse una solución política y jurídica institucional que, digámoslo con el realismo maquiavélico del Príncipe, permitiera mantener formalmente a la Presidenta en el cargo (tras depurar su equipo de ministros encabezado por López Rega), y a las espadas de la Nación en el poder. Sobraban en el país cualificados constitucionalistas que hubieran podido sugerir distintas opciones para continuar legitimando las operaciones militares y de seguridad contra la subversión armada iniciadas con el Decreto de febrero de 1975; que debían complementarse con tribunales de guerra que dictaran penas de muerte a los miembros de las organizaciones terroristas, y a quienes mantuvieran con ellas vinculaciones periféricas subordinadas. Opción por la cual, como señalé más arriba, ya se había decantado el Gobierno peronista el 19 de marzo.

"No era posible fusilar a tantos subversivos, el mundo entero se nos habría echado encima", argumentaron los generales Videla y Díaz Bessone en sendas entrevistas.

Sin duda. Pero porque sus gobiernos eran ilegales, dictaduras surgidas de un golpe de Estado. De haber sido dispuestos los fusilamientos por la justicia militar bajo el control de un Gobierno constitucional y el parlamento, es decir, en un Estado de derecho, "el mundo" igual se habría escandalizado, pero hubiera tenido que admitir su legalidad, y finalmente callarse ante las decisiones de una nación soberana inmersa en un conflicto armado interior.

El siguiente paso de aquel Gobierno que no fue y pudo ser, legitimado histórica y moralmente para ser tan atípico o excepcional como lo era la situación del país, hubiera sido crear una Milicia (no necesariamente armada), que colaborara con las fuerzas del Estado en tareas auxiliares de vigilancia e información. Una organización civil que encuadrara la participación popular en una guerra que, por lo que estaba en juego, concernía a toda la nación.
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En definitiva, el gran error estratégico fue que las FF.AA. optaron por llevar a cabo la guerra contrarrevolucionaria en solitario, como una guerra entre dos aparatos armados; sin involucrar o movilizar a toda la sociedad argentina en lo que era una guerra de liberación nacional, porque se respondía a un ataque subversivo a escala continental alentado por el Estado comunista cubano empeñado en exportar su revolución. El mismo Estado que ya había abierto focos guerrilleros con oficiales de su Ejército en Venezuela, Argentina (Salta) y Bolivia. Por sus continuos y probados envíos de militares y armas a las FALN del PC venezolano, Cuba (expulsada de la OEA el 31 de enero de 1962) fue nuevamente condenada por esta organización en julio de 1964.

Sin embargo, y aunque parezca increíble, el 28 de marzo de 1973 el general Alejandro Agustín Lanusse ordenó al canciller Luis María de Pablo Pardo iniciar gestiones para restablecer relaciones diplomáticas con Cuba.
¡Tan sólo treinta y nueve días después de que el ERP entrenado en Cuba ridiculizara al Ejército copando el Batallón de Comunicaciones 141º de Córdoba y llevándose, sin necesidad de efectuar ni un disparo, 76 fusiles FAL, 74 subfusiles PAM, 2 ametralladoras MAG, 112 pistolas y 5 lanzagranadas!
El 10 de abril, un nuevo canciller de aquel Gobierno militar, Eduardo Mc Loughlin, defendió esta decisión argentina en la Tercera Asamblea Extraordinaria de la O.E.A. celebrada en Washington, y el 29 de mayo las relaciones diplomáticas se formalizaron bajo el Gobierno de Cámpora.

Finalmente, para terminar el relato de las agresiones de Cuba a la República Argentina, en 2005 Fidel Castro tuvo la desfachatez de reconocer la participación de militares cubanos en la guerrilla EGP de Salta, al pedir a Néstor Kirchner, vía canciller Rafael Bielsa, la repatriación de los restos del capitán Horacio Peña Torres.
Petición que fue complacida con entusiasmo por el "compañero Presidente" (antiguo militante -al igual que su esposa- de la Juventud Universitaria de Montoneros), y por una bochornosa Corte Suprema de Justicia que encargó la tarea a su Cuerpo Médico Forense. También colaboraron en aquella infame traición a la Nación, a la Gendarmería Nacional y a la memoria del cabo Romero, los jueces federales de Salta, Abel Cornejo y de Orán, Raúl Juan Reynoso.
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Generales: la respuesta contraterrorista desde un status de gobierno ilegal, les deslegitimó ante el mundo entero, y permitió a los subversivos criminales presentarse como 'demócratas opositores a una dictadura militar'.

Y además, al asumir la conducción política del Estado y la conducción militar de la guerra, vulneraron ustedes el axioma de que siempre debe evitarse combatir en dos frentes.

Aquellas FF.AA. carecieron de jefes con una perspectiva política "de Estado", respecto a aquella guerra y a la Historia.

Los resultados se hicieron patentes en cuanto terminaron las operaciones militares. No sólo no rentabilizaron políticamente el éxito, sino que cedieron la iniciativa a las fuerzas enemigas supuestamente aniquiladas, que lanzaron una contraofensiva mediante una guerra de propaganda -arma estratégica-, que veinte años después les llevaría al poder de la mano de los 'compañeros' Kirchner. Una modalidad de guerra cuya esencia y poder el Ejército Argentino nunca captó. Esta guerra de propaganda -no propaganda de guerra: arma táctica-, fue inventada por los bolcheviques rusos, sistematizada por el genial Will Münzenberg, y adoptada por el movimiento comunista internacional dirigido por la Komintern. Posiblemente, sus consagraciones artísticas más universales hayan sido Octubre y El Acorazado Potemkin de Eisenstein, y el Guernica de Picasso. Tres obras, por cierto, que falsean escandalosamente los hechos históricos que nombran, para conferirles una dimensión mítica.
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Muchos consideramos que ustedes cumplieron (con la cruel eficacia de toda guerra, que sólo puede juzgarse aplicando la Convención de Ginebra, y no el Estatuto de Roma sancionado por la izquierdista Corte Penal Internacional), la orden constitucional recibida.

Y como ciudadanos, cumplieron con su deber moral en lo que consideraron -y coincido plenamente- una contraofensiva termidoriana blanca para evitar que la República Argentina pudiera llegar a ser la Cuba roja del Sur. Una dictadura totalitaria, colectivista y bárbara con Koljoses y Gulags, Partido del Gran Hermano, Stasi's y KGB's, Clínicas psiquiátricas para disidentes, Guardias Rojos, Jóvenes Pioneros, Comités de Vigilancia Revolucionaria por Barrios y Manzanas, Escuelas y Universidades de adoctrinamiento marxista, Fuerzas Armadas y Policiales controladas por comisarios políticos, y 'revoluciones culturales' genocidas como las de China y Camboya: la Patria Socialista.

Como declaró el general Videla, citando a Rodríguez Peña, ustedes están moralmente legitimados para responder a quienes les repudian sin haber estado en su lugar, sin haber tenido que enfrentarse al fenómeno entonces inédito en el mundo (y nunca repetido hasta hoy), de una guerra revolucionaria urbana con combatientes camuflados en la población; y sin haber tenido que enfrentarse a la encrucijada política de un Ejército al que todos los partidos le pidieron que tomara el poder para acabar con la pesadilla terrorista... "de acuerdo, nosotros seremos los verdugos. Sean ustedes los hombres libres".

En esta dolorosa etapa de sus vidas, a ustedes y a los demás prisioneros políticos sólo les queda resignarse ante una inesperada e injusta ironía del destino; y asumirla con el estoicismo y dignidad de quien ha obrado de acuerdo a su conciencia, defendiendo los valores occidentales que ahora la suicida izquierda mundial aliada al Islam reaccionario y terrorista desprecia y traiciona. No concedan a las 'Madres, H.I.J.O.S. y Nietos' de los terroristas mercenarios que se alzaron en armas contra su patria, su pueblo y su Estado, la satisfacción de verles psicológicamente derrotados. Pues, a pesar del general quita-retratos Bendini, ya está registrado en la Historia que todas las fuerzas del Estado, vertebradas operativamente por el Ejército, ganaron la guerra contrarrevolucionaria. Y como es sabido, un Ejército vencedor no tiene que pedir perdón por su victoria.

Mucho menos a una sociedad a la que evitaron sufrir los horrores de una guerra civil generalizada; y padecer un posterior régimen comunista si la subversión hubiera triunfado.
Al precio de 608 policías, militares y gendarmes muertos.
Y luego desaparecidos por los escribas de la historieta o "relato" del régimen Kirchner.

24 de marzo de 2012


jueves, 15 de marzo de 2012

Robespierre y el culto a la violencia revolucionaria




Jorge Vilches

La defensa de Robespierre, de sus ideas y gobierno, se mantiene entre cierta izquierda, que quiere ver una continuidad entre aquel revolucionario y Lenin o el "Che" Guevara.

Para sus defensores, Robespierre significa la revolución legítima, el Terror justificado, la liquidación social necesaria. Porque hay momentos en la Historia, dicen, en que la violencia es una obligación, una imposición de los tiempos para derribar las estructuras que sirve para el progreso de la civilización.
Robespierre usó el Terror, dicen sus defensores, para instaurar "la buena República".

"El arte político del terror –
se lee en un panegírico– es el de la apuesta intuitiva sobre la acción que conviene para llevar a buen puerto el bajel revolucionario y fundar la República". Es el mismo pensamiento que lleva a los comunistas a la creación y el mantenimiento de sus dictaduras, desde Lenin (efectivamente) hasta Castro. Y hablan en nombre del pueblo como si éste fuera un sujeto único, con una sola voz y un solo interés. El pueblo no comprendería la realidad de su opresión y alienación, de ahí que el revolucionario deba hablar por él, aportarle la luz, imponerse por la fuerza.

En esa interpretación, la revolución francesa habría sido "fuertemente anticapitalista", dice por ejemplo
Florence Gauthier; y Robespierre, los jacobinos y su izquierda, sus máximos representantes. La conclusión es clara: socialismo y derechos humanos son indisociables, y marcan lo que es una "verdadera democracia". El verdadero instrumento de la libertad sería la República, y su espíritu, el socialismo. Es la concepción totalitaria y exclusivista que implantó el Terror en 1793 en Francia, y el bolchevismo en Rusia a partir de su golpe de octubre de 1917.


La imagen de Robespierre sería la del defensor de una República democrática, popular, con contenido social, para dar respuesta a las aspiraciones del pueblo; pero pueblo en el doble sentido que le da esa izquierda, como sujeto que constituye con su voluntad las instituciones y como individuos que padecen las malas condiciones de vida generadas por el capitalismo. De esta manera construyen al personaje, a aquel joven Robespierre, abogado, que con 23 años defendió a los débiles, consiguió popularidad y resultó elegido diputado en la convocatoria de los Estados Generales de abril de 1789. Ese hombre, que sabía lo que quería el pueblo, se unió a aquellos que adoraban a Rousseau, cuya voluntad general sería el argumento perfecto para la dictadura.

Los jacobinos, llamados así porque se reunían en un edificio de los dominicos consagrado a San Jacobo, creían que la misión de la revolución era instaurar un régimen basado en la libertad, la igualdad, la frugalidad y la virtud. La revolución alumbraría la regeneración del Hombre –el Hombre Nuevo del que luego hablaron los comunistas– arrancándolo de la corrupción –pública y privada–.
La libertad debía ser entendida como el derecho de todo ciudadano a contribuir a la formación de la Voluntad General, eje del régimen revolucionario. Una vez establecida ésta, cualquier discrepancia sería contrarrevolucionaria y, por tanto, punible. Era preciso asimismo erradicar la desigualdad, porque mientras perviviera no habría verdadera libertad para crear la Voluntad General. La solución era generalizar no la riqueza sino la frugalidad. La ostentación impedía la virtud, y por tanto era contrarrevolucionaria.

El Estado estaba para los jacobinos por encima del individuo porque era la expresión de la Voluntad General, y el ciudadano debía estar a su servicio. Ya lo escribió Saint-Just en su obra Fragmentos de instituciones republicanas (1794):

Los niños pertenecen a su madre hasta los cinco años, si ésta les ha criado; después, y hasta su muerte, pertenecen a la República.

En materia económica, los jacobinos manejaban unos planteamientos muy atrasados, estaban muy por detrás de lo que se estilaba en el mundo anglosajón y también de lo que sostenían los girondinos, sus rivales, que se inspiraban en Adam Smith. Los de Robespierre seguían aferrados a los planteamientos de los fisiócratas, y pensaban en una civilización basada en la agricultura, la única, decían, que creaba riqueza.

La religión era, para ellos, un instrumento de dominación. La Constitución del clero de 1790, que obligaba a los sacerdotes a jurar el texto constitucional, había sido un primer paso. También el Estado debía encargarse de las cuestiones trascendentales. El ateísmo, decían, era algo de ociosos, de aristócratas, contrario a la voluntad de la nación y, en consecuencia, contrarrevolucionario. El 7 de mayo de 1794 comenzó a organizarse el culto al Ser Supremo. Los hebertistas, un grupo a la izquierda de los jacobinos fuertemente anticristiano, iniciaron el culto a la Razón. Robespierre los liquidó.

Los jacobinos no concebían el gobierno más que como revolucionario, transformador; en cuanto a la legitimidad, la otorgaba la Revolución. Los moderados o conciliadores, como los girondinos de Condorcet y Brissot, o el jacobino Danton, eran sospechosos o directamente traidores. El poder servía para hacer la Revolución, y cuanto más concentrado estuviera, más sencillo sería que cumpliera su misión. Robespierre y los suyos acumularon más poder que el que había tenido Luis XVI con la Constitución de 1791.

Liquidaron a la oposición girondina, a la izquierda de la Montaña, a los monárquicos de la Vendeé y a una parte considerable de sus propios partidarios. Los comisarios del pueblo –como, luego, sus pares en la URSS– juzgaban y ejecutaban. Los tribunales dictaban sin necesidad de seguir juicio alguno. En los primeros veinte días de la Convención, entre marzo y abril de 1793, se dictaron todas las normas pertinentes para la represión y liquidación social. Cientos de miles de sospechosos pasaron por las cárceles revolucionarias.

En sólo dos meses de 1794, los jacobinos ejecutaron a no menos de dos mil personas. Los defensores actuales de Robespierre alegan que fue en defensa de la libertad. Robespierre habría actuado en defensa de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en castigo de la disidencia, la desigualdad social y la ostentación. La oposición, la aristocracia, los burgueses no tenían derechos que oponer a la Voluntad General. El Terror era necesario para la República, así lo expresaba Robespierre en un discurso en febrero de 1794:

El Terror no es otra cosa que la justicia pronta, severa, inflexible; es pues una emanación de la virtud; es mucho menos un principio particular que una consecuencia del principio general de la democracia, aplicado a las más acuciantes necesidades de la patria.

Robespierre y los suyos fueron derrocados en el golpe de estado del 8 de Termidor del año II (el 26 de julio de 1794), dado por los republicanos moderados que querían una rectificación de proceso revolucionario. Tras una escaramuza, en la que fue herido en la cara, Robespierre fue detenido. Lo guillotinaron al día siguiente, junto a los otros dirigentes jacobinos. Sus defensores actuales ven en este acto el fin del impulso democrático a la Revolución. Sin embargo, no podía ser democrático un régimen fundado en la anulación de la pluralidad, en la proscripción de las elecciones competitivas, en el que se pisoteaba la ley y la separación de poderes no era sino una caricatura grotesca. Fue el fin de la primera dictadura de la revolución francesa, y el inicio del culto a la violencia revolucionaria.


Libertad Digital - Suplementos
Madrid, 14.03.2012
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Jorge Vilches García (1967)

Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid
Investigador invitado en el Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamerica-nos de La Sorbona (París IV)
Profesor de Historia en la Universidad San Pablo-CEU
Profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid.
Pertenece al consejo de redacción de la revista Aportes: Revista de Historia Contemporánea y es columnista del periódico Libertad Digital.