martes, 25 de mayo de 2010

Aquel 25 de Mayo del 73...



... ha quedado en la historia de la República Argentina como una de sus fechas más infames.

Apenas doce horas después de haber asumido la presidencia arropado por los mandatarios comunistas Allende (Chile) y Dorticós (Cuba), un hombrecillo llamado Héctor José Cámpora, cuyo único mérito para ser candidato títere era su biografía como alcahuete y lacayo de Evita y Perón, cometió el más abominable crimen que pueda llevar a cabo el presidente de una República: traición al Estado, y a su pueblo, al sacar de las cárceles a 363 terroristas, de los cuales 283 tenían sentencia firme de la Cámara Federal en lo Penal (CAFEPE), y los restantes se hallaban en la fase de proceso. El programa electoral del Frente Justicialista de Liberación contemplaba una Amnistía para presos políticos y sociales, no para terroristas encarcelados por decenas de secuestros, atracos a bancos y atentados con explosivos, más centenares de homicidios y el copamiento de dos unidades del Ejército: Campo de Mayo y Batallón de Comunicaciones 141º (Córdoba), llevados a cabo con una estructura paramilitar.

Era impensable que una medida de tal calado se tomara sin la autorización de Perón, que desde 1971 alentaba y recibía en Madrid a las "formaciones especiales" del Movimiento, pero ello no elimina la responsabilidad del vicario en el desarme antiterrorista del Estado. Sin embargo, personas muy cercanas a Perón afirman que el líder, entonces residente en Madrid, se enfureció al conocer esta medida y mantuvo una violenta discusión telefónica con Cámpora.

A las 00:30 del 26 de mayo Cámpora y sus ministros Esteban Righi (Interior) y Antonio Benítez (Justicia), de acuerdo a lo pactado con los jefes montoneros Firmenich, Perdía y Galimberti durante la campaña electoral, firmaron el Decreto 11/73 de Indulto. A las 02:00 horas fueron liberados los primeros terroristas (180 de la cárcel de Villa Devoto). A las 03:00 de esa frenética madrugada, el flamante gobierno montonero derogó el artículo del Código Penal que condenaba con reclusión perpetua y/o pena de muerte el asesinato de jueces, fiscales y miembros de las FFAA y de seguridad; disolvió por decreto-ley 20.509 la Cámara Federal y ordenó retirar la custodia policial a sus jueces, lo que provocó que seis se exiliaran, dos sufrieran atentados fallidos, y otro (Jorge Vicente Quiroga), fuera asesinado por el ERP-22 el 28 de abril de 1974. El 27 de mayo, el Congreso de la Nación, que hacía recordar a la Asamblea jacobina de la Revolución Francesa, formalizó el Indulto con la ley 20.508 de Amnistía para todos los terroristas encarcelados, pasando a ser el primer Parlamento de la historia universal que aplicó una ley 24 horas antes de sancionarla. Su increíble y criminal artículo 1º consagró la impunidad para los delitos "perpetrados por móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles antes del 25 de mayo de 1973... cualquiera sea el bien jurídico lesionado". O sea: incluidos los homicidios.



Como era de esperar, la Amnistía fue interpretada por los terroristas como una rendición del Estado, cuyo mayor gesto de complicidad fue enviar aviones de Aerolíneas Argentinas a distintas provincias para que todos los criminales liberados fueran homenajeados en Buenos Aires por sus seguidores. Apenas tres días después, el gobierno montonero presidido por Cámpora estableció relaciones diplomáticas con la Cuba castrista que llevaba años entrenando terroristas argentinos, y que en 1963 organizó la guerrilla cubana-argentina del EGP en Salta bajo el mando de los apátridas y mercenarios Ernesto Guevara Lynch y Jorge Masetti; tal como reconoció oficialmente el gobierno cubano en 2005, cuando Fidel Castro pidió a Néstor Kirchner la repatriación de los restos del teniente Horacio Peña Torres ("Hermes") muerto en combate con efectivos de la VII Agrupación de la Gendarmería Nacional en la Colonia Santa Rosa, de Orán, Salta. Pocos horas antes, este militar cubano había matado en combate al gendarme Juan Romero. Asimismo, se establecieron relaciones diplomáticas con los Estados comunistas de Vietnam del Norte, Corea del Norte y la República Democrática Alemana.


Clarín, 29 de mayo 1973. Cámpora entre Allende y Dorticós

El día 29, los montoneros fueron autorizados por Righi a formar una custodia presidencial paralela a la oficial (como en el Chile de Allende); a copar organismos nacionales y municipales en nombre del "Poder Popular" (ministerios, hospitales, universidades, mercados de abasto, etc.), y lograron que Righi no confiara la seguridad del 20 de junio en Ezeiza a la Policía Federal porque querían desbordar con sus columnas de la JP a los fachos de la "Patria Peronista" a las órdenes del ex coronel Osinde, jefe de seguridad de Perón. Por todo ello, Righi pasaría a la historia como "el ministro del Interior de los montoneros", y aquel gobierno sentó la doctrina, hoy consagrada oficialmente por el régimen post-Montonero de los Kirchner, de justificar y enaltecer al terrorismo de izquierda con motivaciones políticas "populares". Cristina Fernández de Kirchner militó en el Frente de Agrupaciones Eva Perón, rama universitaria "política" de las terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias fundadas en La Habana en 1967. A partir del 12.10.1973, fecha en que las FAR se disolvieron para ingresar en Montoneros, militó en la Juventud Universitaria Peronista, aparato "político" de Montoneros. Néstor Kirchner, por su parte, primero militó en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN), uno de los grupos de la llamada "Tendencia Revolucionaria" controlada por Montoneros, y finalmente ingresó en la citada JUP donde conoció a Cristina.


De izqda a dcha: terroristas montoneros Jorge Bernetti, Elvio Vitali y Ricardo Nudelman con Héctor Cámpora y Esteban Righi. Durante su exilio en México.

¿Por qué la Amnistía supuso un delito de alta traición al Estado y a la Nación? Porque, además de la impunidad penal, permitió que los jefes terroristas recompusieran las estructuras orgánicas y crearan unidades paramilitares que según lo previsto en sus estrategias deberían multiplicarse hasta conformar un ejército guerrillero regular. No hubo que esperar mucho para ver los resultados de la nueva etapa: una semana antes del regreso de Perón al país, los jefes de las FAR y Montoneros (Quieto y Firmenich) le desafiaron públicamente en una conferencia de prensa: a pesar de haber un gobierno constitucional y con amplio apoyo popular declararon que "nuestra estrategia sigue siendo la guerra integral, desde la resistencia civil y las movilizaciones, hasta el uso de las armas" (El Descamisado, 12.06.1973). Al mismo tiempo, el jefe del trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo (Santucho) propuso crear milicias armadas y prepararse para una guerra civil revolucionaria. En septiembre, durante la presidencia temporal del Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, una compañía del ERP copó el Comando de Sanidad del Ejército en Buenos Aires y mató al teniente coronel Juan Duarte Ardoy, segundo jefe del Regimiento de Infantería "Patricios" que recuperó la unidad. Asimismo, en enero de 1974, bajo la presidencia del general Perón, el ERP llevó a cabo el sangriento ataque a la Guarnición de Azul que motivaría el famoso discurso del general llamando al pueblo argentino a movilizarse para "aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal y exterminar uno a uno a los psicópatas asesinos". En marzo una compañía de Monte del ERP comenzó sus operaciones de guerrilla rural en la provincia de Tucumán alcanzando un despliegue que el Ejército tardaría un año y medio en aniquilar. Montoneros, a su vez, bajo aquellos gobiernos peronistas surgidos de rotundos triunfos electorales, procedió a triplicar el ritmo de sus acciones favoritas: asesinato de sindicalistas peronistas anticomunistas como el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Ignacio Rucci (una declaración de guerra a Perón) y secuestros extorsivos de empresarios, mientras sus fábricas clandestinas iniciaban la producción de subfusiles, lanzagranadas y el sofisticado explosivo C4 que utilizaron contra un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y la fragata Santísima Trinidad.

Esta recomposición de fuerzas permitió a la subversión marxista lanzar ataques sistemáticos a las Fuerzas Armadas, conformándose así un escenario de insurgencia o guerra interior que fue complementado con matanzas entre las bandas terroristas de extrema izquierda y la derecha sindical peronista ayudada por la Triple A. Esa escalada de violencia alcanzaría tal magnitud que, tras la muerte de Perón el gobierno presidido por María Estela Martínez tuvo que implantar el Estado de Sitio, ordenar al Ejército que aniquilara la subversión en Tucumán, ilegalizar a Montoneros por el delito de Sedición, y finalmente extender las operaciones militares a todo el territorio nacional.

Resumiendo, la consecuencia de la Amnistía cómplice y delictiva de Cámpora y Righi (que sorprendentemente no fueron ejecutados por la Triple A antes de que huyeran a México), fue que las oleadas de violencia de las fuerzas paramilitares marxistas contra las fuerzas del Estado, y contra civiles peronistas y anticomunistas en general, crearon una situación que en 1975 era propia de una guerra civil revolucionaria: el objetivo estratégico proyectado (así, literalmente) por el trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores en su V Congreso fundador del ERP.

El paradójico cierre histórico de aquel nefasto 25 de mayo del 73 es que hoy los marxistas que empujaron al pueblo argentino hacia el abismo de una guerra civil para instaurar su "Patria Socialista" con dictadura de partido único, están instalados en todos los ámbitos de poder y dando lecciones de democracia y derechos humanos; mientras que los combatientes del Estado que la evitaron, al precio de 551 bajas mortales, están presos gracias a la interpretación manipuladora y sectaria de la IV Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma llevada a cabo por el Procurador General, Righi (¡siempre Righi!) y tribunales civiles sin competencias para juzgar a militares y policías por sus actuaciones en tiempo de guerra.

Por todo ello, es de justicia exigir la suspensión definitiva de estos juicios políticos y la excarcelación con reparaciones de quienes impidieron que apátridas mercenarios convirtieran a la República Argentina en una colonia soviética como Cuba, en el difícil contexto de la guerra revolucionaria iniciada por las izquierdas en 1969.
O en su caso, si insisten en aplicar la tipificación de crímenes de lesa humanidad, procesar también a los antiguos terroristas que hoy ocupan cargos públicos y oficiales; y a los comandantes del Ejército y Conducción Nacional de Montoneros, Mario Roberto Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía responsables de atacar y aterrorizar a la población civil durante once años mediante centenares de secuestros y homicidios, y cuya bochornosa impunidad constituye tanto un insulto a las familias de sus víctimas y a una sociedad que se pretende civilizada, como la denigrante evidencia de una justicia sin venda ni balanza.

Hoy la propaganda kirchnerista ha demonizado a los combatientes del Estado en escuelas y televisiones copadas como ayer, mientras dedica calles, plazas, autopistas, parques de la memoria y muros de la vergüenza al criminal Cámpora y a los "jóvenes idealistas"; pero la Historia, que está más allá de contingencias políticas y doctrinas jurídicas truchas, acabará rehabilitando y honrando a quienes evitaron una guerra civil y defendieron la soberanía de la Nación cumpliendo órdenes de un gobierno constitucional que el pueblo reclamaba y apoyó. Sin reservas, y con alivio.

Jorge Fernández Zicavo
25 de mayo de 2010



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1 comentario:

  1. En aquellos años había policías dirigiendo el tránsito en las esquinas más conflictivas, era uso y costumbre que dos guerrilleros en moto, le disparan un escopetazo al servidor público, le arrebataran el arma y la placa y si aún estaba vivo lo remataban ahí mismo, con eso se graduaban de terroristas hechos y derechos.-

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