Corte Penal Internacional: nido de marxistas

Juez Baltasar Garzón Real y Fiscal Jefe de la CPI Luis Moreno Ocampo




Jorge Fernández Zicavo


El reciente fallecimiento en prisión del Teniente Coronel Julián Oscar Torres, sumado a los ya más de 100 presos políticos muertos en las prisiones argentinas del régimen Kirchner por negárseles asistencia médica (la mayor parte de estos presos son septuagenarios y octogenarios), viene a probar una vez más, que el régimen de los montoneros Kirchner está aplicando de facto y criminalmente una pena de muerte programada a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad, que en la década del setenta aniquilaron la subversión marxista armada por Decreto de un gobierno constitucional.

Aquella guerra revolucionaria, que combinaba operaciones paramilitares contra las Fuerzas Armadas y terrorismo individual contra civiles y policías, formaba parte de una estrategia subcontinental de Lucha Armada proclamada en la Habana por la Conferencia de la OLAS clausurada por el primer ministro Fidel Castro el 10 de agosto de 1967. Estrategia que sólo dos meses después sufrió su primera derrota en Bolivia, al ser aniquilado el 'foco' de 27 cubanos a las órdenes del 'Che'.

En 2003, el presidente Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández, entonces senadora por la provincia patagónica de Santa Cruz, consiguieron que una nueva y cómplice Corte Suprema configurada a su medida tras purgar la anterior, y controlada con mano de hierro por el 'comisario politico' montonero y Procurador General de la Nación desde 2004, Esteban Righi, anulara las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) sancionadas por el presidente Raúl Alfonsín, como así también los indultos ordenados por el presidente Carlos Menem en 1989 y 1990.

Primera fase de una venganza que años más tarde haría posible enjuiciar a los victoriosos militares y policías del Estado, bajo la prevaricadora argucia de calificar las capturas y ejecuciones de combatientes enemigos en un escenario de guerra interior, como 'secuestros y asesinatos extrajudiciales... de civiles... por sus ideas políticas'. Unos delitos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el 'terrorismo de Estado'. Figura jurídica que no existe en el Código Penal argentino, ni en ningún otro del mundo ni en el Estatuto de Roma fundador de la Corte Penal Internacional.

Esta 'doctrina Righi' es prevaricadora porque manipula la definición de Delitos de Lesa Humanidad estipulada por el Estatuto de Roma, que en su artículo 7.2.a define a estos delitos "cuando se cometan como parte de ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización". Que las fuerzas militares y policiales argentinas lanzaron ataques contra la población civil es un disparate que no merece ni ser discutido. Por otra parte, fueron precisamente las organizaciones terroristas quienes atacaron a la población civil asesinando a sindicalistas, políticos, periodistas, empresarios, etc. opuestos a la 'Patria Socialista'.

Pero todavía puede decirse algo más sobre esta cuestión: el punto 2.i del artículo 7º permite juzgar como delito de lesa humanidad los casos de 'secuestros' realizados por las orgas terroristas, ya que en este caso el Estatuto es más explícito: "Por un Estado o una organización política".

Asimismo, el artículo 8º dedicado a Crímenes de Guerra en "conflictos que no son de índole internacional", habilita a la CPI para juzgar, nada menos que por siete crímenes de guerra, a las fuerzas revolucionarias argentinas.

Y para terminar con la lectura del Estatuto de Roma, al final sus autores reiteran que estas competencias de la CPI sobre crímenes de guerra en confictos internos, "se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados".
Claro y preciso, ¿verdad?

La conclusión es extraordinariamente grave. Por falsificar la definición del Estatuto de Roma respecto a 'ataques contra la población civil', la Corte Penal Internacional debería expulsar a la Repúbica Argentina como Estado adherente.

Hasta aquí, una introducción para explicar el contexto histórico que envuelve a los actuales juicios a militares y policías, y sus condenas a cadena perpetua con penas de muerte 'de facto' a manos de tribunales que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que agrupa a 450 abogados del foro de Buenos Aires, ha calificado como "tribunales revolucionarios y prevaricadores", en base a argumentaciones jurídicas sobre la vulneración de principios como cosa juzgada, Irretroactividad de la ley penal, Ley penal más benigna, y otros.

Estos tribunales son revolucionarios y prevaricadores, porque toda la sociedad argentina sabe que las condenas ya están dictadas de antemano por la presión social y mediática alentada por el gobierno Kirchner, y por las izquierdas que corean consignas y tocan sus bombos fuera de la sala para presionar psicológicamente a los jueces. Son juicios dantescos, que recuerdan a los jaleados por la chusma sans-culottes sedienta de sangre aristrocrática.

Pero no entiendo por qué, si estos juicios vulneran los derechos humanos de los presos y son ilegales, la citada Asociación de Abogados no inicia una campaña mundial denunciando estas aberraciones ante la CPI, pidiéndole abrir una investigación sobre los mismos y tipificar como crímenes de lesa humanidad los cometidos por organizaciones terroristas, guerrilleras, insurgentes, revolucionarias, etc. A estas alturas, sabido es que la CPI se negará, pero al hacerlo, al menos quedará en evidencia su esencia prevaricadora y descaradamente izquierdista.

Una posibilidad (juzgar a las organizaciones guerrilleras o terroristas) que en diversas entrevistas Moreno Ocampo apuntó como viable: "en el Estatuto de Roma no hay nada que exija que sólo el Estado puede cometer crímenes de lesa humanidad", pero sin ir más allá de este posicionamiento teórico o doctrinal, y negándose a revisar la sibilina redacción del citado artículo 7.2.a; así como todo el apartado referido a los delitos de lesa humanidad, viciado por un enfoque que no tiene en cuenta el fenómeno de los conflictos armados de índole no internacional contemplados por el Cuarto Convenio de la Convención de Ginebra de 1949, respecto al cual, el Estatuto de Roma se declara competente.

Colombia, agosto de 2008. Moreno Ocampo y Garzón abren fosas de terroristas de las FARC ejecutados por fuerzas paramilitares anticomunistas. La CPI nunca investigará los crimenes de lesa humanidad cometidos por las FARC.

Finalmente, la negativa de entregar el cadáver del Tte. Coronel Julián Oscar Torres a sus familiares, supera todo lo imaginable en materia de infamia por parte de esta generación de jueces kirchneristas que la ya citada Asociación de Abogados ha denunciado por escrito ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiéndole que abra una investigación para determinar si han cometido:

"Delitos que podrían ir desde el homicidio, tentativa de homicidio, lesiones, abandono de personas, tormentos, sevicias, prevaricato, incumplimiento de los deberes del funcionario público, denegación y retardo de justicia, hasta la violación del cuidado de sus presos conforme lo manda el artículo 18 de la Constitución Nacional y artículos 79, 92, 106, 144 bis Inc. 1° y 248, 269 y 273 del Código Penal".

Ignoro si los tres jueces vinculados al caso Torres habrán cometido los presuntos delitos antes mencionados, o si sólo habrán incurrido en una falta grave al retener su cadáver, pero caben pocas dudas acerca de la esencia prevaricadora de sus sentencias, subordinadas a la doctrina de la Corte Suprema kirchnerista que, a su vez, prevarica sobre el Estatuto de Roma al afirmar que las fuerzas del Estado 'atacaron generalizada y sistemáticamente a la población civil argentina'.


Pero lo cierto es que, además de haber fallecido por falta intencional de una adecuada asistencia médica, el Tte. Coronel Torres, un oficial del Inteligencia del Ejército Argentino que cuando era un joven Teniente arriesgó su vida infiltrándose en una organización terrorista, ha pasado a ser un 'desaparecido' por el terrorismo de Estado que está practicando con los presos políticos el gobierno presidido por la ex militante de Montoneros, Cristina Fernández Whilhelm, viuda de Kirchner.