Cuando la Fiscalía informó hace unos meses que las FARC despojaron 700.000 hectáreas a los campesinos y que eran uno de los grandes terratenientes del país, los jefes de la banda terrorista se indignaron y tacharon de mentirosos a los investigadores y al gobierno; pero tras haberse desenscriptado las computadoras de los comandantes eliminados por el Ejército colombiano, se ha comprobado que el fundador de la organización criminal, Manuel Marulanda, alias 'Tirofijo', y quien fuera durante lustros el jefe militar, Jorge Briceño, alias 'Mono Jojoy', dejaron huellas de sus propiedades en multitud de correos electrónicos y documentos que guardaban en los ordenadores de éste último.
Hasta el momento, hay registros de fincas por un total de 82.000 hectáreas en el Caquetá, departamento del sur del país, aunque aún quedan archivos por abrir. "Finca de 'Manuel Marulanda', con búnker a control remoto y dos túneles construidos por iraquíes. "Zoológico", dice uno de los informes que reveló el diario 'El Tiempo'. Finca 'Grannobles' (un hermano de Jojoy y también un poderoso comandante), cercana a la de 'Marulanda', con abundante ganado", indica otro.
En uno de los correos se refieren a que todas las tierras en un área de 150 kilómetros del departamento del Caquetá, donde siempre han ejercido un férreo control en vastas áreas, son suyas. Los cálculos de los fiscales sobre algunos bienes arrojan cifras astronómicas: a lo largo de los años, las FARC y sus jefes llegaron a poseer unas 900.000 reses.
"Están contabilizadas hasta el momento 900.000 reses. Terminar de hacer el registro de todos los vienes del Movimiento", fue uno de los mensajes que recibió 'Jojoy' de uno de los jefes de finanzas del Bloque Oriental, que él comandaba. Otros refieren fincas de 5.000 hectáreas con 16.000 cabezas de ganado.
Una de las conclusiones es que ambos líderes, venerados por la guerrilla del Partido Comunista de Colombia, llevaban muy de la mano todo lo relativo a las propiedades. Algo que resulta paradójico si tenemos en cuenta que las FARC (y sobre todo 'Marulanda') justifican su terrorismo en la lucha por una reforma agraria que dé tierras a los campesinos pobres. Asimismo, critican que la oligarquía rural y las grandes empresas despojen a los labriegos de sus posesiones, cuando la propia guerrilla ha amasado su ingente fortuna robando animales y fincas, asesinando, extorsionando, amenazando o desterrando a los legítimos propietarios. Además, claro está, de los miles de millones de dólares obtenidos con la producción y exportación de cocaína.
Otro aspecto de los ingresos de la guerrilla que ha quedado al descubierto es el pago del "impuesto revolucionario" por parte de empresas que trabajan en las regiones donde tienen fuerte presencia. La empresa KC (por ejemplo), que abastece de refrigerios y comidas frías a todos los pozos de Causiana GRM (una de las explotaciones petroleras más importante del país), pagó 45 millones de pesos (20.000 euros) en tres plazos en el año.
Ahora las autoridades tendrán que evaluar qué hacen con las compañías que pagan; una realidad, este chantaje, de lo que EL MUNDO ha informado en el pasado: que resulta imposible trabajar en zonas bajo control de las FARC o el ELN (Ejército de Liberación Nacional) sin "pasar por caja". El gobierno ya ha advertido en varias ocasiones que expulsará a quien sucumba a las amenazas.
Salud Hernández-Mora
Bogotá
Para EL MUNDO (Madrid)
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