Estas escenas se repiten años tras año en Cataluña sin que lo impidan las fuerzas policiales. Ni la autonómica, ni las dos del Estado: Policía Nacional y Guardia Civil.Jorge Fernández Zicavo
5 de octubre de 1934: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) inicia una gigantesca insurrección armada y golpe de Estado contra la Segunda Repúbli-ca "burguesa y capitalista", para reemplazarla por una República Socialista Federal. El golpe falló, pero la insurrección prendió en varias provincias, y funda-mentalmente en Asturias con una magnitud (1.377 muertos, 2.954 heridos) que la convertiría en la insu-rrección izquierdista más sangrienta de la Historia después de la Comuna de París en 1871 dirigida por el comunista Blanquí y la Primera Internacional.
Esta insurrección fue coordinada con la Esquerra (Izquierda) Republicana de Cataluña presidida por Lluís Companys, quien al frente de grupos nacionalis-tas armados procedió a declarar el Estat Catalá y una República Federal paralela; rebelión que, al igual que la insurrección del PSOE en Asturias, el gobierno republicano aplastó con tropas a las órdenes del entonces general de brigada Francisco Franco, que cinco años después le ajustó las cuentas a Companys fusilándolo por traición a la patria.
Ambas insurrecciones, por lo tanto, tuvieron como objetivo destruir el Estado-Nación, y sin importarles que tal cosa pudiera desencadenar una guerra civil.
2006.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al frente del gobierno de España presidido por su secretario general Jose Luís Rodriguez Zapatero, promete a las fuerzas nacional-separatistas catalanas (o sea, a sus aliados de 1934) que apoyará su proyecto de renova-ción del Estatuto de Autonomía cualquiera sean sus términos y reivindicaciones. El proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento autonómico catalán y remitido a las Cortes Generales, declara en su pre-ámbulo que Cataluña es una Nación. El Estatuto fue aprobado por el PSOE, todos los partidos nacionalis-tas y los comunistas de Izquierda Unida. El Partido Popular lo impugnó ante el Tribunal Constitucional.
Noviembre de 2009.
Después de tres bochornosos años "estudiando" si el Estatuto así redactado es o no constitucional, parece ser que el Tribunal está a punto de emitir sentencia.
Ambas insurrecciones, por lo tanto, tuvieron como objetivo destruir el Estado-Nación, y sin importarles que tal cosa pudiera desencadenar una guerra civil.
2006.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al frente del gobierno de España presidido por su secretario general Jose Luís Rodriguez Zapatero, promete a las fuerzas nacional-separatistas catalanas (o sea, a sus aliados de 1934) que apoyará su proyecto de renova-ción del Estatuto de Autonomía cualquiera sean sus términos y reivindicaciones. El proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento autonómico catalán y remitido a las Cortes Generales, declara en su pre-ámbulo que Cataluña es una Nación. El Estatuto fue aprobado por el PSOE, todos los partidos nacionalis-tas y los comunistas de Izquierda Unida. El Partido Popular lo impugnó ante el Tribunal Constitucional.
Noviembre de 2009.
Después de tres bochornosos años "estudiando" si el Estatuto así redactado es o no constitucional, parece ser que el Tribunal está a punto de emitir sentencia.
Ante los rumores de que la misma sería negativa para los intereses nacionalistas, éstos, entre los que se incluye la sucursal catalana del PSOE fuertemen-te "nacionalizada", y que preside el gobierno autonó-mico en la persona de su secretario general José Montilla, han desafiado y amenazado al Tribunal Constitucional declarando que no aceptarían su sentencia puesto que el Estatuto ya fue aprobado por el Parlamento catalán y las Cortes Generales.
De este desafío se derivan tres gravísimas conse-cuencias:
a- El gobierno autonómico catalán no reconoce legitimidad alguna al Tribunal Constitucional ni, en consecuencia -y coincidiendo con ETA- al Estado español.
De este desafío se derivan tres gravísimas conse-cuencias:
a- El gobierno autonómico catalán no reconoce legitimidad alguna al Tribunal Constitucional ni, en consecuencia -y coincidiendo con ETA- al Estado español.
b- Por lo mismo, considera que el gobierno autonó-mico de Cataluña puede decidir si acepta o no deter-minados artículos o fundamentos de la Constitución.
c- Si la izquierda separatista catalana llegara a proclamar el Estat Catalá, el gobierno español estaría obligado a poner en marcha lo previsto por el artículo 8.1 de la Constitución, el cual determina que "las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Y si no lo hiciera, el Rey debería ordenar a las Fuerzas Armadas detener a los miembros del Consejo de Ministros y ponerlos en manos del Tribunal Supremo por el delito de traición previsto en la Constitución. Hablando claro, habría que dar un golpe de Estado en defensa del Estado-Nación y de la propia Constitución.
La última actuación beligerante del presidente socialista de la Generalitat ha sido constituir, con la complicidad de jueces catalanes y del presidente del gobierno Rodriguez Zapatero que le avala, un surrealista Tribunal de Garantías Estatutarias como órgano judicial alternativo al Tribunal Constitucional del Estado español. Esta inconcebible provocación, gravísima en un país de larga tradición guerracivilis-ta como España, ha sido escenificada este pasado lunes 23 de noviembre de 2009; y sin que el jefe del Estado, o sea, el Rey, haya dado señal alguna de preocupación.
c- Si la izquierda separatista catalana llegara a proclamar el Estat Catalá, el gobierno español estaría obligado a poner en marcha lo previsto por el artículo 8.1 de la Constitución, el cual determina que "las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Y si no lo hiciera, el Rey debería ordenar a las Fuerzas Armadas detener a los miembros del Consejo de Ministros y ponerlos en manos del Tribunal Supremo por el delito de traición previsto en la Constitución. Hablando claro, habría que dar un golpe de Estado en defensa del Estado-Nación y de la propia Constitución.
La última actuación beligerante del presidente socialista de la Generalitat ha sido constituir, con la complicidad de jueces catalanes y del presidente del gobierno Rodriguez Zapatero que le avala, un surrealista Tribunal de Garantías Estatutarias como órgano judicial alternativo al Tribunal Constitucional del Estado español. Esta inconcebible provocación, gravísima en un país de larga tradición guerracivilis-ta como España, ha sido escenificada este pasado lunes 23 de noviembre de 2009; y sin que el jefe del Estado, o sea, el Rey, haya dado señal alguna de preocupación.
José Montilla. Presidente nacional-socialista de la Comunidad Autónoma de Cataluña, inaugurando un Tribunal de Garantías Estatutarias alternativo al Tribunal Constitucional del Estado español.Así están las cosas, en un país donde el Jefe del Estado no puede defender la Constitución porque la propia Constitución le prohibe manifestar opiniones inherentes al Estado; y el Jefe del Gobierno socia-lista que se confiesa "rojo", considera que el concep-to de Nación es... "discutible, y de derechas".
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