Jorge Fernández Zicavo
Este 37º aniversario del golpe de Estado dado por las Fuerzas Armadas argentinas el 24 de marzo de 1976 para poner fin a siete años de guerra revolucionaria marxista, e inducidas a ese quiebre del orden institucional por todos los partidos políticos en reuniones informales y en el Congreso de la Nación, es una buena oportunidad para reflexionar sobre la palabra Dictadura.
Real Academia Española de la Lengua:
1- Gobierno que, bajo condiciones excepcionales, prescinde de una parte, mayor o menor, del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país.
2- Gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente.
Sus antecedentes más remotos, al menos en nuestra civilización occidental, fueron los Treinta Tiranos griegos del siglo V a. C.
También en el mismo siglo, el cónsul y general Lucio Quincio Cincinato fue designado dos veces Dictatóre por el Senado: para salvar a Roma de una inminente invasión y, diecinueve años después, para impedir que el rico y ambicioso Espurio Melio diera un golpe de Estado contra la República.
De la definición académica y de estos ejemplos, se deduce que una dictadura es una opción excepcional que puede ser decidida por el propio ordenamiento jurídico, o impuesta externamente mediante la fuerza. Asimismo, queda claro que, en ambos casos, están condicionadas por dos factores: razones de fuerza mayor y transitoriedad.
Sin duda, el primero de estos factores es el decisivo y más polémico, pues requiere demostrar la existencia de esas razones en una gama de variantes que, aplicadas al siglo XX que nos ocupa, iban desde escenarios de desestabilización política revolucionaria: huelgas generales acompañadas de insurrecciones, motines y terrorismo, que un gobierno legítimo pero débil -y en ocasiones cómplice- convertían en crónico por no aplicar rigurosamente el Código Penal y la Constitución (España, 1931-1936); hasta escenarios de abierta sedición: fuerzas civiles insurgentes alzadas en armas contra las fuerzas del Estado para aniquilarlas, tomar el poder y proclamar un régimen totalitario (Argentina, 1969-1976). En el primer escenario podrían incluirse los casos más complejos de Italia y Alemania, aunque señalando sus peculiaridades específicas: nacionalismo expansionista, sentimientos revanchistas tras la Primera Guerra Mundial, el racismo antisemita y bancarrota económica de Alemania, etc.
Lógicamente, la fuerza o debilidad de las razones que se aleguen para justificar la implantación de una dictadura, serán aceptadas por algunos ciudadanos y rechazadas por otros.
El XX ha sido -abrumadoramente- un siglo de dictaduras. Totalitarias unas: marxismo soviético, fascismo italiano, nazismo alemán, marxismo maoísta chino, marxismo en las colonias soviéticas de Europa oriental, marxismo castrista cubano, etc. Autoritarias otras: Franco en España, Salazar en Portugal, los “coroneles” en Grecia, Pinochet en Chile; Uriburu, Justo, Ramírez, Aramburu, y Juntas militares en Argentina… y un rosario de ejemplos en toda América Latina: Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Nicaragua… más las africanas de Gadaffi e Idi Amin, o las de Asia central como el Irán de Jomeini o el Irak de Hussein.
Por otra parte, todas esas dictaduras pueden dividirse entre las originadas por un asalto armado al poder (Fuerzas Armadas y/o fuerzas revolucionarias), y las implantadas por gobernantes legitimados por las urnas: Mussolini y Hitler.
En resumidas cuentas, vemos que la definición de Dictadura admite una amplia gama de variantes.
Dado que las izquierdas fundadoras del primer Estado totalitario de la Historia (Rusia, 1917), desde su paranoica afirmación de una supuesta “superioridad moral” condenan exclusivamente a las dictaduras de derecha, es necesario hacer algunas precisiones.
En primer lugar, hay dictaduras Autoritarias moralmente justas y políticamente necesarias: aquellas que tomen el poder mediante un golpe de Estado para impedir que se implante una dictadura Totalitaria que destruya los fundamentos históricos y culturales de la Nación.
Ejemplos:
1- El golpe de Estado llevado a cabo por el Ejército español el 18 de julio de 1936, cuando la sedición de comunistas, socialistas y anarquistas (después de cinco años de huelgas revolucionarias, insurrecciones y terrorismo contra la Segunda República), habían iniciado, gracias al gobierno del Frente Popular fundado y estrechamente vigilado por la Komintern de Stalin, la última fase de su escalada estratégica: control absoluto del poder e implantación de un régimen totalitario de partido único que denominaban “democracia popular”. El golpe militar chileno de 1973 también puede homologarse al caso español, por cuanto la organización del movimiento Unidad Popular y la radicalización progresiva de su gobierno, fueron copiados literalmente del Frente Popular.
2- El golpe de Estado llevado a cabo por las Fuerzas Armadas argentinas el 24 de marzo de 1976, después de que la población civil y el Estado llevaran soportando, durante siete años, las consecuencias de la guerra revolucionaria desatada por las izquierdas para tomar el poder e implantar un régimen totalitario de partido único afín al modelo castrista.
Estos tres ejemplos demuestran que una dictadura militar reactiva-defensiva queda justificada o legitimada cuando un gobierno constitucional no puede, o no quiere, impedir que su Estado-Nación y su pueblo sean atacados por organizaciones subversivas decididas a implantar una régimen marxista totalitario; llámese dictadura del proletariado o gobierno popular; y consista su estrategia en copar totalmente gobiernos constitucionales, como en España, o en desencadenar una guerra revolucionaria, como en Argentina.
Como dijera hace poco un general del Ejército español, respecto a la actual amenaza secesionista de los nacionalistas catalanes, la unidad y soberanía de un Estado-Nación está por encima de la democracia y de cualquier otro ordenamiento jurídico, pues los sistemas políticos están al servicio de la Nación, y no a la inversa.
A estas palabras sensatas, podríamos añadir que la última ratio defensiva de una Nación, tanto en el ámbito militar (guerra contra otro país), como en el político cuando se trate de implantar en nuestras sociedades de cultura occidental un régimen totalitario asiático-leninista, no son las instituciones civiles (poder ejecutivo, legislativo y judicial), sino las Fuerzas Armadas; o sea, el pueblo en armas.
Este mismo razonamiento, basado en una identificación y selección de prioridades, fue el que asumieron las Fuerzas Armadas argentinas el 24 de marzo de 1976 para aniquilar mediante el contraterrorismo de Estado a una subversión marxista armada que, de haber conseguido tomar el poder y proclamar la “Patria Socialista”, hubiera sumido al pueblo en la misma pesadilla de esclavitud y terrorismo de Estado similar al que imperaba en la Cuba castrista. Aniquilación, por cierto, decretada e iniciada un año antes por el gobierno constitucional que derrocaron; por lo cual, el único cambio que supuso el golpe de Estado militar, consistió en que las Fuerzas Armadas pasaron a asumir la conducción política de la guerra contrarrevolucionaria vigente.
Por una de esas habituales ironías del destino, en la Argentina actual los militares, policías y gendarmes que, al precio de 608 bajas mortales, derrotaron a la subversión marxista empeñada en desarrollar su guerra revolucionaria hasta transformarla en una guerra civil, ahora son presos políticos del régimen Kirchner-Montonero; mientras que los terroristas homicidas supervivientes han conseguido hacerse con el poder y, en el colmo de la inmoralidad más abyecta, se han convertido en apasionados defensores de los Derechos Humanos. Solamente de los humanos de izquierda, claro está, porque respecto al total de 816 civiles, policías y militares asesinados por los “jóvenes idealistas” y “militantes populares”, la izquierda argentina, que tenía y sigue teniendo como objetivo un Estado socialista, es amnésica, sorda y muda.
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